Columna de opinión reciente publicada en El Nuevo Día.

Vivienda, titularidad y resiliencia

Luego del paso de María hubo consenso de que el huracán sacó a la luz las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad a las que se ha enfrentado por décadas gran parte de la población. Pero pasó poco tiempo antes de que el mito de que “todo el que quiere puede” volviera a ocultar lo que el huracán develó: la exclusión de cientos de miles de familias del acceso a los fondos federales para recuperarse porque no han podido formalizar sus títulos de propiedad (la mitad de las propiedades) o porque habitan zonas clasificadas como inundables es un gran error. En el fondo, se parte de la premisa de que estar en esas circunstancias fue y es una opción. Nada más lejos de la realidad.

La historia de la vivienda en Puerto Rico es la historia de la desigualdad, del prejuicio de clase y de la discriminación racial y política en el país. Hoy tenemos uno de los peores escenarios: desahucios a granel tanto de vivienda pública como de vivienda privada, miles han perdido o están en riesgo de perder su propiedad en ejecuciones de hipotecas, un mercado de viviendas que no responde a las necesidades de la mayoría, y miles de familias que vieron sus hogares destruidos o viven aún bajo un techo de toldo azul. A esto se añade el mal uso del poder de expropiación contra comunidades que sí lograron sus títulos. Hablar de vivienda también requiere hablar de cómo el mercado de bienes raíces ha ocasionado el desplazamiento de muchos y es el responsable a nivel global de una de las crisis más agudas de acceso a una vivienda.

Este amplio panorama no puede obviarse cuando de las políticas de reparación, reconstrucción, reubicación se trata. Mucho menos debe tergiversarse la resiliencia para afectar a quienes precisamente han tenido que serlo por falta de alternativas y políticas adecuadas del Estado.

Por décadas los partidos políticos le han sacado provecho a la entrega de títulos de propiedad; no pocas veces de manera arbitraria y discriminatoria contra sectores no afiliados al partido en turno. Asimismo, hemos visto cómo un título de propiedad no necesariamente va acompañado de la infraestructura, necesidades, servicios esenciales y la habitabilidad que hacen del derecho a la vivienda un derecho humano. En ocasiones, la entrega de títulos ha implicado que se termine expropiando a quienes habían luchado para mantenerse en sus comunidades, para beneficiar proyectos privados y sectores con mayor poder económico. También, hemos documentado lo costoso de los procesos para formalizar los derechos propietarios: segregaciones, planos, agrimensores, abogados, procesos judiciales, problemas prácticos para las declaratorias de herederos, trabas burocráticas. Se trata de un problema circular. Miles, ante la falta de vivienda pública y la imposibilidad de acceder al mercado de viviendas, no han tenido otra opción que ir construyendo sus hogares en solares de familiares y en ocasiones en las áreas más vulnerables donde el precio de la tierra es más barato.

“En esta casa está mi vida” nos decía una persona entrevistada. Y es que muchas de las personas que quedarían excluidas de estos fondos han dedicado una vida entera de sacrificios, ahorros, fuerza laboral y empeño para poder contar con un hogar para sus hijos. Lo han hecho precisamente porque el Estado no ha cumplido con su responsabilidad y porque vivimos en una sociedad desigual e injusta.

Toca también arrancar los mitos de que las personas están en zonas inundables por elección y que todas corren igual riesgo. No todas las personas o entidades en zonas inundables son tratadas igual, algunas cuentan con poder económico; a esas el gobierno les permite quedarse y en ocasiones expandir. Basta ver cómo la explotación de nuestras costas y la privatización de nuestro dominio público hoy pasa factura en Condado, Rincón y otras áreas turísticas. Pocas veces se ve de manera tan patente el trato desigual.

O utilizamos esta experiencia para remediar la inequidad en el acceso a una vivienda digna, o lo usamos para seguir discriminando a los mismos y privilegiando a inversionistas ya favorecidos por la desregulación y explotación de nuestro suelo y costas. Distinto a lo que se dice, hay opciones. Habría que aprovechar este momento y estos recursos para implantar una política de equidad, sin exclusión automática, y priorizar las mitigaciones. Usar de excusa la resiliencia para empeorar la situación mientras se beneficia a los inversionistas para explotar nuestro suelo, no solo es contradictorio, sino que oficializa la discriminación y la desigualdad.